Desde esta madrugada, quienes llegan a España en un vuelo o un barco procedente de Italia se encuentran con el mismo tipo de control de identidad que Roma había impuesto una semana antes a los pasajeros procedentes de la península ibérica. La medida, anunciada el viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez, es el último capítulo de una crisis diplomática surgida a raíz de un episodio migratorio que llevaba ya varios días superado: la llegada a Ceuta, el pasado 30 de julio, de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, casi todas ellas de regreso en su país de origen en apenas veinticuatro horas.
El enclave español en el norte de Marruecos, con unos 83.000 habitantes, se había visto desbordado por una llegada repentina, organizada en gran medida a través de las redes sociales, donde durante días habían circulado llamamientos para intentar cruzar la frontera. Madrid desplegó a miles de militares para hacer frente a la emergencia, y la mayoría de quienes habían logrado entrar fueron rechazados o se retiraron por iniciativa propia, también debido a las duras condiciones impuestas por las autoridades locales, que optaron por no proporcionar comida, agua ni alojamiento a quienes permanecieran allí.
A pesar de que la emergencia ya había remitido, el Gobierno italiano decidió restablecer, a partir del 1 de agosto, los controles en las fronteras aéreas y marítimas con España, recurriendo a una cláusula del Código de fronteras Schengen que permite adoptar este tipo de medidas cuando existe una amenaza para el orden público. Giorgia Meloni había hablado, con cierta imprecisión terminológica, de una suspensión del acuerdo de Schengen y había promovido una carta firmada por otros veintidós países miembros en la que se responsabilizaba a Madrid de la crisis, vinculándola en particular a una regularización de casi un millón de migrantes aprobada meses antes por el Ejecutivo español.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reaccionó con dureza, calificando la versión italiana de una interpretación basada en una confusión interesada y haciendo circular entre las cancillerías europeas un documento que negaba cualquier relación entre la regularización y la llegada masiva a Ceuta. También su homólogo italiano, Antonio Tajani, próximo al Partido Popular español de la oposición, contribuyó a alimentar el enfrentamiento al afirmar erróneamente que la regularización había otorgado la nacionalidad a más de 500.000 personas, cuando en realidad se trataba de permisos de residencia. Sánchez despachó toda la polémica como fruto del prejuicio, el cálculo electoral y la desinformación.
Detrás de la dureza del tono hay, sobre todo, razones de política interna. Meloni compite en materia de inmigración con Roberto Vannacci, el general que ha fundado su propio partido de derecha radical y que crece con rapidez en las encuestas, mientras que Tajani mantiene desde hace tiempo una relación privilegiada con los adversarios conservadores de Sánchez, hasta el punto de haber intervenido en repetidas ocasiones en asuntos de política interna española, como la amnistía a los independentistas catalanes. En la reunión extraordinaria de ministros europeos del Interior celebrada el 4 de agosto, que se prolongó durante más de tres horas, todos reiteraron formalmente su solidaridad con España, incluidos los gobiernos de derechas que la habían criticado en los días anteriores, dejando a Italia prácticamente aislada en la defensa de sus controles.
A partir de ahí comenzó un pulso en torno a los plazos. Madrid exigió la retirada de la medida antes del domingo 9 de agosto, amenazó con adoptar contramedidas proporcionadas y calificó los controles italianos de injustos, discriminatorios y contrarios a los intereses de la Unión. El Gobierno español acusó además a Roma de incumplir desde 2022 el Reglamento de Dublín, haciendo recaer así sobre otros Estados miembros parte de la presión migratoria, y reivindicó la solidaridad demostrada anteriormente al recordar la acogida ofrecida a los migrantes desembarcados en Lampedusa en 2023. Palazzo Chigi rechazó lo que calificó de ultimátum y confirmó su intención de mantener los controles al menos hasta el 15 de agosto: según el Ministerio del Interior italiano, precisamente ese día podría producirse un nuevo intento de cruce masivo, una hipótesis basada más en la persistencia de mensajes organizativos en grupos marroquíes de redes sociales que en un anuncio oficial de las autoridades de Rabat.
Vencido el ultimátum sin que Italia diera marcha atrás, España puso en marcha desde la medianoche del viernes al sábado controles aleatorios de documentación, identidad y nacionalidad a los viajeros procedentes de aeropuertos y puertos italianos, con especial atención a quienes llegan de países extracomunitarios. La medida, vigente hasta el 7 de septiembre salvo prórroga, ya ha provocado controles y retenciones en aeropuertos como Linate, Malpensa, Bolonia, Turín y Orio al Serio, y ha suscitado reacciones polémicas entre representantes del Gobierno italiano, empezando por el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini.
En la práctica, ambas medidas tienen escasa incidencia sobre la gestión de los flujos migratorios y afectan principalmente a ciudadanos de terceros países, mientras que la libre circulación de italianos, españoles y del resto de ciudadanos europeos permanece inalterada, al margen de unos controles aleatorios que, de hecho, ya se producen habitualmente. Su alcance es sobre todo simbólico y sirve a ambos Ejecutivos para exhibir firmeza ante sus respectivas opiniones públicas, en un verano marcado también por la alarma, compartida por la Comisión Europea, ante la capacidad de las redes sociales para organizar nuevos intentos de cruce.
Este episodio confirma, una vez más, la política de confrontación y exhibición de fuerza con la que Giorgia Meloni y su Gobierno han decidido relacionarse con otros países. Palazzo Chigi eleva el tono, exhibe firmeza e intenta imponer su línea, para acabar después enfrentándose a las inevitables reacciones de los demás Estados. Una estrategia especialmente miope para un país como Italia, ya marcado por profundas fragilidades económicas, institucionales y estructurales, y que tiene muy poco que ganar abriendo nuevos frentes diplomáticos con socios europeos mucho más sólidos.
Fuentes próximas al Gobierno señalan que la primera ministra estaría valorando retirar su medida antes de mediados de agosto, precisamente para evitar un mayor deterioro de las relaciones con Madrid. Italia y España, además, comparten distintos intereses en el ámbito europeo, empezando por la petición de una mayor flexibilidad en la aplicación de las reglas presupuestarias. Hasta entonces, sin embargo, el enfrentamiento sigue abierto. Las decisiones de los próximos días, y en particular las que se esperan a partir del 15 de agosto, permitirán saber si la situación se encamina hacia un deshielo o si asistiremos a una nueva escalada.
