Ciudad del Vaticano - Menos de veinticuatro horas después de la durísima toma de posición del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha roto su silencio. El padre Davide Pagliarani, Superior General de la institución fundada por monseñor Marcel Lefebvre, ha dirigido hoy - fiesta de la Ascensión - al papa León XIV una Declaración de Fe Católica, firmada en Menzingen, sede suiza de la Fraternidad. El texto llega como respuesta indirecta, aunque inequívoca, al comunicado con el que ayer el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, había advertido de que las ordenaciones episcopales anunciadas por la FSSPX para el 1 de julio constituirán «un acto cismático» y llevarán consigo la excomunión latae sententiae.
La advertencia de Fernández del 13 de mayo
En la nota difundida el miércoles por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el prefecto del DDF fue tajante: «Las ordenaciones episcopales anunciadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X carecen del correspondiente mandato pontificio. Este gesto constituirá “un acto cismático” (Juan Pablo II, Ecclesia Dei, n. 3) y “la adhesión formal al cisma constituye una grave ofensa a Dios y lleva consigo la excomunión debidamente establecida por la ley de la Iglesia” (ibíd., 5c; cf. Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Nota explicativa, 24 de agosto de 1996)». El cardenal argentino añadió que «el Santo Padre continúa elevando sus oraciones al Espíritu Santo, pidiendo que ilumine a los responsables de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, para que reconsideren la gravísima decisión que han tomado y vuelvan sobre sus pasos». Una posición que sigue al rechazo de la FSSPX a suspender las ordenaciones como condición preliminar para reanudar las conversaciones doctrinales, y después de que el Consejo General de la Fraternidad hiciera saber que no veía «ninguna posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Santa Sede para restablecer la comunión con Roma».
La respuesta de Pagliarani: una profesión de fe, no un acto de sumisión
El documento firmado hoy por el padre Pagliarani no cede ni un milímetro en el punto jurídico - las consagraciones del 1 de julio - y elige, en cambio, el terreno doctrinal. Ya en sus premisas, el tono es el de un lamento filial, aunque irreductible: «Desde hace más de cincuenta años, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se esfuerza por exponer ante la Santa Sede su conflicto de conciencia frente a los errores que destruyen la fe y la moral católicas. Desgraciadamente, todas las conversaciones emprendidas han permanecido sin resultado, y las preocupaciones expresadas no han recibido respuesta verdaderamente satisfactoria». Y todavía más, con una acusación directa - aunque sin nombrarlo - al modus operandi del Dicasterio: «Desde hace más de cincuenta años, la única solución realmente contemplada por la Santa Sede parece haber sido la imposición de sanciones canónicas. Con gran pesar por nuestra parte, nos parece que el derecho canónico es utilizado no para confirmar en la fe, sino para apartar de ella». La Fraternidad presenta su texto como «el mínimo indispensable para poder estar en comunión con la Iglesia, llamarnos verdaderamente católicos y, por consiguiente, hijos vuestros».
El contenido de la Declaración
El cuerpo del documento es una sucesión de tesis que reproducen el planteamiento tradicional anticonciliar de la Fraternidad. En él se afirma que «no existe más que una sola fe y una sola Iglesia por las cuales podamos salvarnos. Fuera de la Iglesia católica romana, y sin la profesión de la fe que ella siempre ha enseñado, no hay salvación ni remisión de los pecados», y que «de ningún modo la Iglesia católica puede ser considerada o tratada en pie de igualdad con un falso culto o una falsa Iglesia»: un evidente ataque a la hermenéutica conciliar en materia ecuménica y de libertad religiosa.
Significativo es el pasaje sobre el primado petrino, citado precisamente a partir del Concilio Vaticano I: «El Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que, por revelación suya, manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los Apóstoles, es decir, el depósito de la fe». Una cita de la Pastor Aeternus que, en la lógica del texto, vincularía al propio Pontífice reinante. En cuanto a la liturgia, la Declaración reafirma la lectura “tridentina” del Sacrificio de la Misa, excluyendo que este pueda ser reducido «a una simple conmemoración, a una comida espiritual, a una asamblea sagrada celebrada por el pueblo o a la celebración del misterio pascual sin sacrificio, sin satisfacción de la justicia divina, sin expiación de los pecados, sin propiciación y sin la Cruz». No faltan los ataques a los temas candentes del pontificado precedente: contra Fiducia supplicans y cualquier bendición de parejas homosexuales, contra la laicidad de las instituciones, contra cualquier ética fundada «en el respeto de la creación o en los derechos de la persona humana», considerada «radicalmente insuficiente». La conclusión es terminante: «Con la ayuda de Nuestro Señor, preferimos la muerte antes que renunciar a ella».
El verdadero nudo: la obediencia, no la doctrina
Aquí está el punto que las bellísimas páginas teológicas de la Declaración no alcanzan a tocar. Por articulada que sea, por fiel que resulte al lenguaje de los catecismos preconciliares, la profesión de fe del padre Pagliarani no resuelve - más aún, elude - el problema concreto planteado por el cardenal Fernández. Ese problema no pertenece al ámbito doctrinal, sino al canónico y disciplinar: ¿se pueden consagrar cuatro obispos sin mandato pontificio?
La respuesta de la Iglesia, desde 1988, es negativa. Y el derecho canónico es claro: el can. 1382 - hoy renumerado como 1387 en el Código reformado - establece que «el Obispo que consagra a alguien Obispo sin mandato pontificio, así como quien recibe de él la consagración, incurren en excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica». Latae sententiae significa: automática, ipso facto, sin necesidad de un decreto declarativo, aunque ese decreto - como ocurrió el 1 de julio de 1988 con el cardenal Gantin contra Lefebvre - sea después promulgado igualmente por razón de utilidad pública. La cuestión, por tanto, es sencilla y dramática: la FSSPX puede escribir todas las declaraciones de fe que quiera, puede citar la Pastor Aeternus, a san Pablo, el Pontifical Romano y a san Juan Bautista. Puede proclamarse «católica romana» cuantas veces considere necesario. Pero el criterio objetivo de la comunión con la Iglesia católica no pasa por la autoproclamación: pasa por la obediencia al Romano Pontífice. Es la propia Fraternidad, por lo demás, la que lo recuerda en su Declaración: «Solamente el Romano Pontífice, Vicario de Cristo, posee la autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Sólo él confiere directamente a los demás miembros de la jerarquía católica la jurisdicción sobre las almas».
Una afirmación perfectamente ortodoxa. Que, sin embargo, choca frontalmente con el acto material que la Fraternidad se dispone a realizar el 1 de julio: ordenar obispos sin la voluntad, y contra la voluntad, de ese mismo Romano Pontífice cuya autoridad suprema reconoce - de palabra -.
El Concilio no es el problema: lo es su aplicación
El rechazo sustancial del Concilio Vaticano II que se desprende línea tras línea de la Declaración de Menzingen es, en sí mismo, gravísimo. Porque un Concilio ecuménico, reunido por el Papa y con el Papa, es un acto del magisterio de la Iglesia, no una opinión entre tantas que un católico pueda aceptar o rechazar según su conciencia. Y, sin embargo, precisamente aquí la Fraternidad San Pío X muestra el vicio de fondo de su planteamiento: confundir el Concilio con su aplicación, más aún, con sus deformaciones aplicativas. También desde estas páginas, en muchas ocasiones, hemos expresado perplejidades y críticas puntuales sobre decisiones del pontificado del papa Francisco - desde Fiducia supplicans hasta las ambigüedades de Amoris laetitia, pasando por este camino sinodal -, así como sobre comportamientos de obispos y conferencias episcopales que, todavía hoy, parecen interpretar la pastoralidad como dispensa de la doctrina. Pero estas, hay que decirlo con la misma claridad, no son el Concilio: son - por utilizar la fórmula luminosa que Joseph Ratzinger dejó a la Curia en el célebre discurso del 22 de diciembre de 2005 - los frutos envenenados de una «hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura», opuesta a aquella «hermenéutica de la reforma en la continuidad» que es la única clave católica para leer el Vaticano II.
Ratzinger lo decía sin rodeos: los males del posconcilio no proceden de los textos conciliares, sino de una lectura ideológica de ellos, de un «espíritu del Concilio» fabricado en laboratorio contra la letra de los documentos. Lefebvre responde a la desviación con otra desviación, igual y contraria: en lugar de llamar a la recta interpretación de los textos, impugna su legitimidad de raíz. En lugar de combatir a quienes los aplican mal, combate aquello que - bien aplicado - constituye patrimonio vinculante de toda la Iglesia. Es un atajo que no resuelve nada y que, además, ofrece coartadas precisamente a esos abusos que la Fraternidad denuncia: porque mientras exista alguien que rechace el Concilio in toto, siempre será más fácil, para quien lo traiciona desde dentro, presentarse como la única alternativa “moderada”. El católico herido por la confusión de estos años no necesita elegir entre dos rupturas. Necesita a Pedro, los textos conciliares leídos en la continuidad de la Tradición, y pastores que los apliquen tal como son: no como alguien los ha reescrito, ni como otros los han rechazado.
Qué ocurrirá el 1 de julio
León XIV tiene intención de seguir lo sucedido en 1988 y ya está preparado un decreto análogo, en tono y contenido, al promulgado por san Juan Pablo II a través del cardenal Gantin. La nota de Fernández de ayer es, de hecho, su anuncio formal. Si las consagraciones se celebran según lo previsto, por tanto, el prelado consagrante y los cuatro consagrados incurrirán automáticamente en la excomunión latae sententiae. Por expresa previsión de Ecclesia Dei y de la Nota explicativa del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 1996, «la adhesión formal» al cisma llevará consigo la misma pena también para los sacerdotes y fieles que se adhieran a él conscientemente. La Declaración de Menzingen, en este contexto, se parece mucho a una plataforma identitaria preparada de cara a la ruptura: un documento para enarbolar como bandera después del 1 de julio, con el fin de decir al mundo católico tradicional: «ved, nosotros somos los verdaderos católicos; Roma se ha equivocado». Pero el juicio sobre la catolicidad de una comunidad no lo emite esa comunidad sobre sí misma. Lo emite Pedro. Y Pedro - que hoy se llama León XIV - ya ha hablado por boca de su Prefecto. Queda el tiempo de la oración, como pide el Santo Padre, para que los responsables de la Fraternidad «vuelvan sobre sus pasos». Pero permanece también, firme e inderogable, la regla que la propia FSSPX reconoce en sus documentos: sin obediencia al Vicario de Cristo, ninguna profesión de fe, por solemne que sea, basta para custodiar la comunión con la Iglesia de Cristo.
p.N.M.
Silere non possum